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En España la tortura y malos tratos de personas detenidas a mano de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente. Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.

Este informe integral documenta casos de tortura y malos tratos infligidos a personas bajo custodia en distintas parte del país. Las víctimas han sido objeto de agresiones, insultos y amenazas que les han causado sufrimientos psicológicos, lesiones graves y, en algunos casos, les ha costado la vida.

Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas.

Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades españolas sobre medidas para poner fín a la impunidad, entre las que figuran la creación de mecanismos de investigación independientes e imparciales, la introducción de cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de las comisarías de policía y el establecimiento de protocolos claros sobre el uso adecuado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras las autoridades españolas no tomen medidas urgentes para introducir reformas, investigar todas las denuncias de torturas y otros malos tratos y poner a los responsables a disposición de la justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguirán estado por encima de la ley.

Amnistía internacional España: sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos (Informe en pdf)

Extractos del documento publicado Por Amnistía Internacional el pasado miércoles día 14 de noviembre de 2007 si pulsas más abajo, aunque recomiendo la lectura íntegra del documento.

[...] Cuando surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigacion interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y rápido archivo de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria, por haber sido imposible identificar a los agentes responsables, o con una condena nominal. No es raro que el procedimiento dure años, tras sobreseer reiteradamente el juez de instrucción el caso. Las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional denuncian a menudo que los jueces de instrucción y los fiscales se basan en gran medida en declaraciones de la policía y no les dan el mismo crédito a ellas ni a los testigos. Amnistía Internacional considera tambien motivo de preocupación la existencia de casos en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han presentado denuncias aparentemente dirigidas a desacreditar el testimonio de las víctimas con el fín de ocultar las pruebas que puedan presentar contra ellos o de intimidarlas para que retiren sus denuncias[...]

[...] Durante su visita a España en julio de 2001, el CPT (Comité para la Prevención de la Tortura, anotación mía) reunió amplios datos, incluso de naturaleza médica, que coincidían con las denuncias de malos tratos. Tras evaluar los mecanismos internos de rendición de cuentas existentes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, el CPT llegó a la conclusión de que eran inadecuados. Recomendó al gobierno que considerase la posibilidad de crear un organismo totalmente independiente para tramitar las denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con atribuciones para iniciar procedimientos disciplinarios y remitir casos a las autoridades judiciales competentes para que determinaran si debían abrirse causas penales. Amnistía Internacional lamenta que el gobierno no haya hecho nada para aplicar esta recomendación desde que se formuló hace ya más de seis años.

En marzo de 2005 visitó España el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles. En su informe de la visita expuso una serie de motivos de preocupación relativos a denuncias de malos tratos a manos de funcionarios de hacer cumplir la ley y señaló: "Es claro que la averiguación de la verdad en los casos de denuncias por malos tratos exige una revisión a fondo de los procedimientos actuales de investigación interna de las fuerzas de seguridad, debiéndose elaborar nuevos protocolos de actuación que sean transparentes en su tramitación y resultados y que sean capaces de evitar la repetición en casos semejantes. Mientras esto no se haga de la manera más firme posible, siempre existirán elementos de duda acerca de la vericidad de las denuncias de tortura o malos tratos que hayan sido formuladas aunque sean oficialmente desmentidas por las autoridades"[...]

[...] Los casos expuestos a continuación ilustran estos factores y ponen, además, de relieve, los diversos tipos de malos tratos inflingidos, que en algunos casos han causado a la víctima la muerte o lesiones graves. En la mayoría de ellos no se impusieron sanciones disciplinarias a las personas acusadas de infligir los malos tratos, y en muchos se cerraron en una etapa temprana las investigaciones criminales preliminares, por lo que los agentes no fueron sometidos a juicio. En uno de los pocos casos en que el Tribunal Supremo declaró culpable de tortura a un agente, este fue ascendido posteriormente a jefe de la policía de su zona [...]

[...]... los organismos de derechos humanos, Aministía Internacional y otras ONG llevan muchos años recomendando la grabación sistemática y completa en video y audio en todas las zonas de las comisarías de policía donde puedan estar presentes personas detenidas (excepto en aquellos lugares donde estas grabaciones puedan violar su derecho a consultar en privado con su abogado o con un profesional médico). Las pruebas presentadas por estas cintas podrían aportar pruebas decisivas para demostrar que los malos tratos han tenido lugar, sobre todo en aquellos casos en que los agentes admiten haber recurrido a la fuerza pero afirman que su uso ser fue proporcionado. Estas medidas no solo protegerían a las personas detenidas contra los malos tratos sino que además brindarían protección a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra denuncias falsas [...]

[...] Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que, en muchos casos de malos tratos que ha investigado, las personas que presentan denuncias de malos tratos a manos de la policía han sido a su vez acusadas de resistencia a agentes de la autoridad u otros delitos graves. Personas que han presentado denuncias en tales casos han referido a Amnistía Internacional que creían que tales afirmaciones se habían formulado para presionarlas o intimidarlas a fín de que retirasen sus denuncias, o que se habían utilizado como táctica para menoscabar la credibilidad de sus denuncias y testimonios. Esta práctica fue reconocida por miembros de diversas fuerzas policiales entrevistados por Amnistía Internacional que admitieron la existencia del hábito automático de presentar tales cargos como táctica de defensa propia para protegerse contra las acusaciones de agresión o detención ilegal [...]

[...] La tortura y otros malos tratos son violaciones de derechos humanos, y están prohibidos por el derecho internacional en toda circunstancia. Todas las denuncias y los informes de malos tratos deben ser investigados de manera pronta, imparcial y efectiva por un órgano independiente de los presuntos autores. Las víctimas deben recibir del Estado una reparación pronta y adecuada, que debe incluir restitución, indemnización económica justa y adecuada, atención médica y rehabilitación apropiadas y garantías de no repetición.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que sean reponsables de malos tratos deben rendir cuentas en todos los niveles: disciplinario y penal [...]

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